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Muchas personas en el mundo sufren daños como resultado de delitos, están expuestos injustamente a pérdidas, sufren daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales.

Desde que la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/34, de fecha 29 de noviembre de 1985, adoptó la DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y DEL ABUSO DE PODER, se ha tratado de hacer visible a la víctima y sus familias.

Dicho instrumento concierne principalmente la posición de las víctimas ante los sistemas penales nacionales, pero los principios generales son igualmente aplicables al sistema internacional. Se dispone el acceso a la justicia, al trato justo y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

Las diversas reformas del artículo 20 de nuestra Constitución, pretenden que las víctimas u ofendidos, no queden como meros coadyuvantes de la autoridad investigadora, permiten que aparezca en el plano Constitucional, teniendo mayor presencia en el procedimiento penal y la posibilidad de que las leyes secundarias puedan ampliar el listado de derechos de las víctimas u ofendido.

La investigación y la sanción de los responsables debe estar orientadas a la satisfacción de los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas, para que de manera efectiva, la víctima goce de una verdadera protección legal.

Una tarea primordial, es que la víctima u ofendido, no padezca de una victimización secundaria, provocada por la desatención y carencia de apoyos, esto contribuirá a erradicar la impunidad, y con ello, que las víctimas lleguen a restablecerse a plenitud de sus derechos.

Para la CEDHNL son necesarias las acciones integrales a fin de procurar que las víctimas reciban atención y apoyo jurídico, médico y psicológico, consciente de que en algunos casos el personal que tiene el primer contacto con víctimas de delitos, en su mayoría, carecen de capacitación para atender a personas en crisis. Es necesario, además redirigir la actuación a salvaguardar la legalidad y eficacia en el desempeño del servicio público, dimensionando el suceso, facilitando la información sobre los servicios profesionales e instituciones que atienden a las víctimas, para que se favorezca el acceso a la justicia y la reparación del daño.

Es importante tener presente, que los problemas que generan el delito y el abuso de poder no terminan con la afectación directa a la víctima, sino que además se extiende indirectamente a terceros quienes mayormente se ven afectados psicológicamente, especialmente por la sensación de inseguridad.

Por todo lo anterior, la CEDHNL esta convencida que las víctimas constituyen uno de los grupos de población, que mayormente debe ser atendido, sobre todo desde una perspectiva integral, ya que el contexto en el que se visualizan los casos, cada día se torna más complejo, de ahí la necesidad de que la intervención profesional se lleve a cabo mediante un equipo multidisciplinario, el cual sea capaz de comprender en su justa dimensión las problemáticas sociales.

Con frecuencia dichas personas acuden muy afectadas emocionalmente y requieren de una pronta atención, la cual es brindada por la institución. Se requiere disminuir el impacto de la vulnerabilidad en la que se encuentra, presentándole un conjunto de opciones resolutivas para enfrentar el problema.